miércoles, diciembre 26, 2007

 

SENTENCIA CASO EKIN (2)

A mi las sentencias, ni me convienen , ni me dejan de convenir,lo único que pido como ciudadana es que haya procesos y sentencias justas.
Todas las sentencias las respeto, pero tengo todo el derecho a discrepar si las informaciones de los juristas que saben, dice que ha sido un proceso irregular .Lo único que sé es que el terrorismo tiene que terminar cuanto antes y que los Estados deben respetar el derecho reconocido por la ONU de los ciudadan@ s a la autodeterminación.
ETA nos hace daño a tod@ s y a quién más daño está haciendo ETA es a a l@ s ciudadan@ s de Euskal Herria , que piden poder expresar su derecho a la autodeterminación.
Condeno todos y cada uno de los atentados terroristas cometidos y que se cometan en cualquier lugar del planeta.
Todo terrorismo es inhumano, cruel y cobarde.
TERRORISMO NUNCA MÀS !
PPERSECUCIONES TAMPOCO !
NI CHANTAJES DE LOS QUE SE ATREVEN A ACUSAR A LOS EXPERTOS EN DERECHO Y A QUIENES SUSCRIBIMOS LA OPINIÓN DE LOS JURISTAS SOBRE LAS IRREGULARIDADES EN ESTE PROCESO DICIENDO QUE ES SITUAR EN EL MISMO LUGAR A ETA Y AL ESTADO.

Espero que esta sentencia de la Audiencia Nacional, llegue cuanto antes a Estrasburgo , ya que las sentencias del Tribunal de derechos humanos de Estrasburgo son vinculantes para el Estado de todos los paises de la Unión Europea.El Colegio de Abogados de Barcelona sabe muchísimo màs que yo y también dice lo mismo que los juristas y observadores internacionales, que ha habido irregularidades que han contaminado el proceso 18/98.

Ekin.- El Colegio de Abogados de Barcelona critica la sentencia por "irregularidades" durante el juicio oral BARCELONA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) criticó hoy la sentencia sobre el llamado sumario 18/98 de la Audiencia Nacional, en la que se considera que organizaciones como Ekin y KAS forman parte del entramado de ETA, por múltiples "irregularidades" detectadas durante la instrucción del caso y el juicio, que han "contaminado" el proceso.En un comunicado público, la Comisión y la Asociación Catalana en Defensa de los Derechos Humanos (ACDDH) mostraron su "profunda preocupación" por que se rompa la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional que determina que, para considerar a alguien o a alguna organización miembro o colaborador de ETA, tenía que existir una "relación directa" entre ambos y no sólo confluir en los objetivos políticos.El ICAB lamentó que se "penalicen" los objetivos y no los medios de los encausados y que la justicia actúe "sobrecargada de valores políticos más que jurisdiccionales". "Se consolida un derecho penal de autor, que persigue ideologías en lugar de hechos", criticó.La comisión ha tenido observadores acreditados durante el juicio y criticó muchos de los procedimientos formales que se han llevado a cabo, como la "proposición y práctica de las pruebas en el juicio oral", que, a criterio del ICAB, ha sido "caótica y viciada por numerosas irregularidades procesales".Entre algunas de las "anomalías", se produjeron "numerosos errores en la identificación de los testigos, comparecencias de personas que no tenían nada que ver con la causa" y la entrega a la defensa de más de 200.000 hojas de pruebas sin ordenar sólo seis días antes del inicio del proceso oral.Igualmente, cuestionaron la "imparcialidad" de los "pretendidos 'peritajes'", elaborados por agentes policiales que participaron en los registros de decenas de locales y domicilios ordenados por el juez Baltasar Garzón. "Los peritos declararon en grupo, anónimamente, y se pudo comprobar que los que declaraban no habían participado en la confección del informe que ratificaban", recriminaron.La incorporación de documentación cuando ya se había iniciado el juicio oral o la práctica de interrogatorios a acusados que todavía no estaban encausados, podrían ser motivo de nulidad judicial, según la opinión de los juristas catalanes, así como las conversaciones telefónicas intervenidas sin autorización judicial.Las entidades también criticaron el trato dado a los acusados, que ha significado una "completa distorsión de la vida laboral y familiar", al tener que desplazarse semanalmente desde Euskadi a Madrid, aunque la sesión del juicio no les afectara "en absoluto".Por último, también criticaron la decisión de ordenar el ingreso en prisión, al considerar que no está "suficientemente motivada" y que la sentencia no es firme y es recurrible ante el Tribunal Supremo.Por todo ello, la comisión y la asociación consideran que todo el proceso ha evidenciado "falta de equilibrio, imparcialidad y equidistancia" de la Audiencia Nacional, "incompatible con su función jurisdiccional".
http://www.europapress.es/00284/20071221150907/ekin-colegio-abogados-barcelona-critica-sentencia-irregularidades-juicio-oral.html

SENTENCIA DEL MACROPROCESO 18/98:
Comunicado de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio de Abogados de Barcelona
Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio de Abogados de Barcelona

"Nuestra condición de observadores jurídicos de las sesiones del juicio, consideramos que el conjunto de irregularidades señaladas anteriormente contaminaron el debate procesal de una forma inadmisible en un Estado de Derecho y han puesto de manifiesto una falta de equilibrio, imparcialidad y equidistancia del Tribunal, incompatible con su función jurisdiccional."

La Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio de Abogados de Barcelona y la Asociación Catalana en Defensa de los Derechos Humanos hemos tenido conocimiento de la Sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el Sumario 18/98, comunicada el día 19 de diciembre del 2007 en virtud de la cual han sido declaradas ilegales y disueltas varias empresas mercantiles del País Vasco, los medios de comunicación Egin y Egin Irratia, y las organizaciones Ekin y Xaki, y condenadas 46 personas, por su condición de miembros de las mencionadas empresas o asociaciones, a penas que suman en total 500 años de prisión, como integrantes, dirigentes o colaboradores de la banda terrorista ETA.

La Comisión de Defensa, que ha seguido de cerca el desarrollo de este proceso judicial junto a los miembros de la mencionada asociación, mediante la presencia de observadores acreditados en numerosas sesiones del juicio oral, quiere manifestar respecto del contenido de la Sentencia, y a la espera de un posterior estudio más exhaustivo de la misma, su profunda preocupación por el que consideramos representa un antes y un desprendido en la política antiterrorista pero también en la configuración del actual Estado de derecho por los siguientes motivos:
• En primer lugar, se trata, a nuestro entender, de uno de los ejemplos más graves de los efectos extensivos de la aplicación del concepto de terrorismo sobre la disidencia política. Una figura penal que a manera de cajón “de sastre”, llega a afectar a individuos y organizaciones como la Fundación Joxemi Zumalabe con un largo recorrido histórico pacifista, antimilitarista y por la no-violencia. Consideramos, en fin, que la Sentencia ratifica la cuestionada “tesis del complot confeccionada por el magistrado del Juzgado de Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Por ser considerado miembro o colaborador de ETA era necesario, hasta ahora, tener relación directa con la organización armada, de acuerdo con la doctrina constitucional asentada en la Sentencia del Tribunal Constitucional 199/87. Sin embargo, tras la reciente Sentencia del Tribunal Supremo sobre el asunto “Jarrai-Haika-Segi” y esta última de la Audiencia Nacional, puede resultar suficiente que las acciones políticas o sociales se consideren “ayuda” a los finos de ETA (soberanía para el País Vasco) porque estas sean definidas como delitos terroristas. Por lo tanto, desde esta perspectiva judicial, ETA ya no es una organización armada, sino también el conjunto de las organizaciones abertzales.

• En segundo lugar, porque la Sentencia evidencia una vez más la inexistencia de una clara división de poderes: la acción judicial está sobrecargada de valores políticos más que de los valores jurisdiccionales que deben regirla. En el Estado español nunca antes como por ejemplo la vida política había quedado tan plenamente supeditada al ámbito judicial, en un contexto en el cual la Audiencia Nacional, un Tribunal excepcional que desde su creación ha sido puesto en cuestión desde varios ámbitos jurídicos, o el Tribunal Constitucional se transmutan en actores políticos más decisivos que los propios Parlamentos.

• En tercer lugar, porque la Sentencia significa la normalización de una cultura jurídica de emergencia o excepcionalidad, en la cual se establecen responsabilidades penales difusas y colectivas, absolutamente incompatibles con un sistema democrático. Cuando los objetivos, y no los medios, son el que se penalizan –el que significa convertir fatalmente el independentismo vasco en terrorista- se consolida un derecho penal de autor que persigue ideologías en vez de hechos.

• En cuarto, y último lugar, constatamos que la Sentencia no constituye ningún episodio aislado sino que se enmarca en una estrategia, más global y de larga duración, de criminalización del ejercicio del derecho de opinión, reunión, manifestación, entre de otras, de un sector importante de la sociedad vasca. Esta situación de exclusión política resulta más grave cuando estos ciudadanos también son expulsos del juego institucional mediante la aplicación de la ley de partidos. Por lo tanto, a horas de ahora, y en nombre de la lucha antiterrorista, muchos ciudadanos vascos no pueden expresar su opinión política ni a la calle ni a las urnas. Por esto, queremos denunciar la profunda mutación que está sufriendo el núcleo central de las garantías democráticas propias de un Estado de Derecho.

La Comisión de Defensa, junto a la Asociación catalana por la defensa de los derechos humanos, quiere dejar patente finalmente que la Sentencia que se acaba de hacer pública no es nada más que la culminación de las diversas irregularidades que ya se pudieron constatar en nuestra condición de observadores del proceso judicial derivado del Sumario 18/98:

1.- Consideramos que la proposición y la práctica de las pruebas en el juicio oral, tal y como fue constatado por nuestros observadores, fue caótica y viciada por numerosas irregularidades procesales, en perjuicio del derecho de defensa de los imputados. Con respecto a la prueba testifical practicada en el juicio- 230 personas – hace falta destacar que, entre otras anomalías, se produjeron numerosos errores en la identificación de los testigos, comparecencias de personas que no tenían nada a ver con la causa, o imposibilidad de localizar y exhibir los documentos sobre los cuales debían ser interrogados. Con respecto a la prueba documental propuesta por las acusaciones, en la gran mayoría de los casos ha sido imposible someterla a un debate contradictorio con garantías por parte de la defensa, tal y como prescribe la ley. Las piezas de convicción, consistentes en más de 200.000 folios, llegaron a la sede del Tribunal seis días antes de empezar la vista oral, sin que hasta aquel momento hubieran sido a disposición de la Sala ni de las defensas, y sí a cambio de las acusaciones. Esta inmensa documentación, que a lo largo de la vista se iba incrementando con cajas y cajas de nuevas piezas, se encontraba en estado de total desorganización, la mayoría sin foliar y sin un índice o listado que permitiera ubicar cada documento. Las defensas se vieron obligadas a afrontar la tarea imposible de examinar sobre la marcha una confusa y heterogénea demasiada de documentos, obtenidos indiscriminadamente en los registros ordenados por el juzgado de instrucción Garzón en más de cien cincuenta domicilios y locales, así como cientos de intervenciones telefónicas. De hecho, ni la Sala ni las partes llegaron nunca a saber qué eran y dónde se encontraban la mayoría de las piezas de convicción que sustentaban las acusaciones. En repetidas ocasiones, y pese a las constantes interrupciones y suspensiones de la vista con objeto de buscarlos, los documentos alegados por las partes acusadoras, así como los de carácter exculpatorio interesados por las defensas, no pudieron ser localizados ni exhibidos a los acusados o a los testigos y peritos, ni desde luego fueron objeto de debate contradictorio. En estas condiciones no es de extrañar que por parte de las defensas se reiteraran las protestas y las solicitudes de nulidad de actuaciones, que sistemáticamente fueron rechazadas por el Tribunal.

2.- Consideramos, igualmente, que respeto a la práctica de la prueba pericial se produjo una gravísima vulneración de los principios procesales que rigen este medio de prueba. El Tribunal aceptó, en calidad de pretendidos peritajes, unos informes elaborados por los mismos miembros de los cuerpos de seguridad que habían practicado registros, interrogatorios y toda clase de diligencias en la propia causa, y que consistían en la versión policial de los hechos incriminados y su valoración política. El Tribunal impidió que las defensas cuestionaran la imparcialidad de tales peritos, por más que se trataba de agentes policiales que habían participado directamente en la investigación y persecución de los hechos, e incluso en un caso concreto un de ellos había sido denunciado por torturas en el interrogatorio de dos de los imputados. En la vista, los peritos, que se presentaban como expertos en la lucha contra ETA, cuentas de aportar a la Sala sus conocimientos técnicos o científicos, se limitaron a la lectura e interpretación de pruebas documentales, y a largas especulaciones subjetivas sin ninguna relación con los hechos. Los peritos declararon en grupo, anónimamente, y se pudo comprobar que a menudo quienes declaraban no habían participado en la confección del informe que ratificaban. La prueba pericial, piedra angular de la acusación, está rellenada en todo caso de incoherencias y de contradicciones, tanto con respecto al origen de algunos documentos incriminatorios, como la identificación de personas, o referentes a la vinculación de Ekin o la fundación Zumalabe con ETA. Todos los intentos de recusación de los peritos formulados por las defensas fueron rechazados o ignorados por la Sala.

3.- Consideramos, de otro lado, que se produjeron otras numerosas irregularidades procesales, que podrían ser también motivo de nulidad del juicio. Entre otras, se han incorporado documentos a la causa con posterioridad al inicio del juicio oral (Diligencias 75/89 del Juzgado Central núm. 5, consistentes en 104 cajas de documentos). Se han practicado interrogatorios a acusados referidos a estos documentos cuando todavía no estaban incorporados a la causa. Contrariamente, todas las pruebas anticipadas propuestas por las defensas y aceptadas por la Sala o bien no fueron practicadas o no llegaron nunca a ser incorporadas a la causa. Se aceptó como prueba la totalidad de las grabaciones de las conversaciones telefónicas intervenidas durante la instrucción del sumario, pese a las alegaciones de inconstitucionalidad en relación a muchas de las intervenciones, por haber sido realizadas sin autorización judicial o por haber sido acordadas sin motivación suficiente. Fueron declarados en rebeldía dos acusados no comparecidos, sin haberlos nunca citado ni requerido en forma. Por otra parte, el Ministerio Fiscal había solicitado la disolución de varias empresas mercantiles que no habían estado nunca citadas ni eran parte en el procedimiento. Estas empresas, sin disponer de la oportunidad de defenderse, finalmente han sido disueltas por la presente Sentencia.

4.- Consideramos que el trato infligido a los acusados durante los 16 meses que ha durado el juicio oral – desde el noviembre 2005 hasta el marzo del 2007 – ha sido desconsiderado y ha constituido una verdadera pena anticipada a la condena. Obligados a asistir a la totalidad de las sesiones del juicio oral – pese a que la causa estaba formada por piezas separadas totalmente independientes-, los imputados han debido desplazarse semanalmente desde los suyos domicilios al País Vasco en Madrid y permanecer de lunes a miércoles por estar presentes en decenas de sesiones que no los afectaban en absoluto. Esto ha significado una completa distorsión de la vida laboral y familiar, con un elevado coste económico y anímico, y graves afectaciones a la salud para los encausados. En repetidas ocasiones el Tribunal se manifestó de forma hostil hacia los acusados, cortándolos la palabra e impidiéndolos incluso contestar a preguntas de sus letrados no declaradas impertinentes, así como dar explicaciones sobre las razones por las cuales se negaban a contestar a las preguntas de la acusación. Aun así, y en relación a este trato del Tribunal con los acusados, consideramos que no resulta suficientemente motivada la decisión de modificar su anterior situación de libertad por la de prisión, dado que en ningún momento se valora la situación personal de cada uno de ellos y que la Sentencia es recurrible ante del Tribunal Supremo y, por lo tanto, todavía no es firme.

En conclusión, y en nuestra condición de observadores jurídicos de las sesiones del juicio, consideramos que el conjunto de irregularidades señaladas anteriormente contaminaron el debate procesal de una forma inadmisible en un Estado de Derecho y han puesto de manifiesto una falta de equilibrio, imparcialidad y equidistancia del Tribunal, incompatible con su función jurisdiccional.Barcelona, 20 de diciembre del 2007.

http://www.nodo50.org/caes/articulo.php?p=1107&more=1&c=1


Nunca defenderé nunca a ninguna organización que utilice el terrorismo.
Las veces que haga falta diré que el terrorismo no tiene justificación, que no arregla nada y que todo terrorismo me parece cobarde e inutil. Pero también es único en Europa que un gobierno siga manteniendo la ley de partidos y el alejamiento de l@ s pres@ s , esas dos medidas violan los derechos humanos y me parece que no se puede justificar diciendo que se utiliza como medidas de la lucha antiterrorista.
ETA debe entregar cuanto antes las armas, la autodeterminación no se puede reivindicar utilizando el terrorismo, pero el Estado de ningún pais que quiera ser reconocido como un estado democrático puede violar los derechos humanos de los penados, que no pierden sus derechos a pesar de estar encarcelados.
Bedri compañero del foro de Genoveses, me preguntaba que opinaba AI sobre esta sentencia del caso Ekin y le he contestado que AI no opina sobre sentencias y las respeta siempre , pero yo como ciudadana , quiero recordar en este blog lo que ha publicado AI sobre la Ley de partidos y el acercamiento de presos que nada tiene que ver con que haya ó no haya proceso de paz.
Repito que tanto la ley de partidos como el alejamiento de pres@ s viola los derechos humanos. En España se ha avanzado muchísimo desde que terminó la dictadura , pero todavía queda por hacer.
Esto dice Amnistia Internacional y ahora sí lo copyposteo como activista que soy de AI y lo suscribo:
Amnistía Internacional ha condenado sistemáticamente y sin reservas los abusos contra los derechos humanos cometidos por ETA.
La organización de derechos humanos ha declarado: «El homicidio deliberado de miembros de partidos políticos o activistas políticos y el intento de intimidarlos mediante actos de violencia constituyen un ataque contra los derechos humanos más fundamentales: el derecho a la vida y el derecho a la libertad de reunión y de expresión"».«Estos homicidios y amenazas de muerte no pueden nunca justificarse.» ... En septiembre del 2002, Amnistía Internacional pidió a las autoridades españolas y vascas que garantizaran que el derecho fundamental a la libertad de expresión en el País Vasco no se veía socavado por movimientos relacionados con la suspensión e ilegalización de Batasuna.
http://www.amnesty.org/es/alfresco_asset/0988fbcb-a4aa-11dc-bac9-0158df32ab50/eur410012003es.html

pero también sucribo , la derogación de la Ley de partidos y el acercamiento de l@ s pres@ s que AI le ha pedido al gobierno

Los derechos humanos no pueden esperar
...Amnistía Internacional pidió la derogación de la detención en régimen de incomunicación, el acceso inmediato de los detenidos a asistencia letrada efectiva, el derecho de los reclusos a cumplir sus condenas cerca de sus familiares, que pasaba por la revisión e inversión de la política penitenciaria de dispersión de presos o detenidos por “terrorismo”; y la eliminación de toda ambigüedad de la Ley de Partidos Políticos que pudiera infringir los derechos a la libertad de pensamiento, expresión, asociación

http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/los-derechos-humanos-no-pueden-esperar/

Amnistía Internacional expresó su preocupación por la Ley de Partidos porque "a través de la ambigüedad y la imprecisión de algunos artículos del proyecto de ley, se pudieran emprender procesos de ilegalización de partidos políticos que propugnen el cambio de principios constitucionales o leyes de forma pacífica" [2] . Dicha organización, tras el anuncio de las conversaciones entre el gobierno español y ETA, también solicitó al gobierno que "elimine toda ambigüedad de la Ley de Partidos Políticos que permita la prohibición de partidos políticos que abogan pacíficamente por modificar los principios constitucionales o las leyes, ya que dicha prohibición vulnera las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos" [3] .

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Partidos

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